La decisión de revocar el procesamiento de Lázaro Báez en Bahía podría impactar en importantes causas contra Cristina Kirchner

Por Pablo Portaluppi

Las consecuencias de la Resolución de Cámara son impredecibles. El fallo va en contramano de todo lo que vienen diciendo otros juzgados y Cámaras, respecto al rol de Lázaro Báez y la AFIP en el entramado de corrupción de la obra pública”, afirma el empinado funcionario judicial de Bahía Blanca. Y continúa: “Lo que pasa es que termina sacando de contexto el uso de las facturas truchas, y entonces parece que solo se usaron para evadir. Pero resulta que esas facturas son las que le permitieron a Báez aumentar los costos de la obra pública”.

El pasado 19 de agosto, la Sala II de la Cámara Federal bahiense revocó el procesamiento del empresario patagónico en la causa de las facturas truchas que tramita desde 2014 en la ciudad del sur bonaerense. El presunto testaferro de los Kirchner había sido procesado por el Juez Walter López Da Silva el 19 de diciembre de 2019 por el delito de asociación ilícita fiscal en calidad de jefe.

El expediente 10451/2014 se centra en una significativa emisión de documentos apócrifos por parte de un conglomerado de empresas bahienses de reconocidas familias de la ciudad para beneficiar a Austral Construcciones S.A., propiedad de Lázaro Báez. Esta maniobra ilícita le permitió al empresario, no sólo perjudicar al fisco al reducir notoriamente los impuestos, sino más que nada, de acuerdo a la hipótesis judicial, “a resguardar o encubrir sobreprecios de la obra pública, volcándose ese altísimo circulante a operaciones de lavado de dinero”.

La preocupación esgrimida por el funcionario judicial consultado estriba en el hecho que la investigación de Bahía conecta directamente con la causa “Vialidad”, único expediente que involucra a la actual Vicepresidenta Cristina Kirchner que se encuentra en etapa de juicio oral. La maniobra de las facturas truchas podría tratarse, nada menos, que del delito precedente. La decisión de la Cámara bahiense encuadra al hecho como una simple “evasión impositiva” por parte de Báez, lo que generaría implicancias altamente negativas en otras causas donde está procesada la ex mandataria.

“Indirectamente le tira un salvavidas a las defensas en la causa Vialidad. Les resta esa sensación de mega maniobra fraudulenta y corrupta coordinada desde la política”, confía la fuente. A tal punto ambas causas se vinculan, que el Juez Julián Ercolini, quien instruyó “Vialidad”, sostuvo que “la facturación falsa (N de R: se refiere al expediente bahiense) le permitió a Báez-socio comercial de Cristina Fernández-justificar y respaldar documentalmente costos inexistentes que, a su vez, servían para resguardar o encubrir sobreprecios de obra pública que luego todo ese altísimo circulante se volcaría o destinaría a operaciones de lavada de dinero”.

El argumento principal de los camaristas Pablo Candisano Mera y Leandro Picado para revocar el procesamiento de Lázaro Báez y su hijo Martín fue que “en la causa no se logró demostrar que la estructura conformada por las compañías locales haya sido creada por y para el Grupo Báez, es decir, generada por orden suya y para su único beneficio, extremo que los desvincula de esta investigación”.

Conocida popularmente como “Vialidad”, se trata del expediente 5048/2016, tramitado, como se dijo, por Julián Ercolini, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 10 de Comodoro Py. El magistrado procesó a Cristina Fernández de Kirchner como jefa de una asociación ilícita el 27 de diciembre del año 2016 a través de un escrito de casi 800 páginas. También dictó los procesamientos del ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de Vialidad Nelson Periotti, el presunto testaferro kirchnerista Lázaro Báez, y Carlos Santiago Kirchner, primo del ex presidente y ex funcionario de Planificación, entre otros 13 imputados.

Las actuaciones se iniciaron el 26 de abril de 2016 a partir de una denuncia hecha ante la Cámara Federal por el entonces Administrador General de Vialidad (AGV), Javier Iguacel, contra los funcionarios nacionales y provinciales de los gobiernos kirchneristas, “por haberse detectado en materia de obra pública vial un plan diseñado en Santa Cruz para el manejo fraudulento de fondos del Estado en favor de las empresas de Lázaro Báez las que resultaran adjudicatarias de casi la totalidad de las obras viales licitadas en dicha provincia entre los años 2003 y 2015”. Sobre un total de 88 obras llevadas a cabo en la provincia de los Kirchner, 52 se habrían contratado con empresas relacionadas con Báez.

También la denuncia abarcó a la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP). Se estima que el fraude habría rondado los $46.000 millones. Sólo en la provincia austral, se habrían concentrado obras por más de $21.200 millones. A partir de un trabajo de auditoría realizado por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) llamado “Gestión Integral de Obras Ejecutadas en Santa Cruz”, el organismo detectó que durante los gobiernos kirchneristas “las obras se habían concentrado en esa provincia , delegando funciones que eran propias de la DNV en la AGVP, concentrando obras en un único grupo de empresas: Austral Construcciones SA, Kank Y Costilla SA, y Sucesión Adelmo Biancalani, y un constante incumplimiento en los plazos de obra”. Kank Y Costilla SA es una empresa constructora fundada en 1957 desempañando sus actividades en la Patagonia, y estuvo envuelta en denuncias de pago de cohechos y vaciamiento. En 2006 pasó a manos de Lázaro Báez.

En verdad, la causa Vialidad comienza con el expediente 15734 formado el 22 de noviembre de 2008, a partir de una denuncia de Elisa Carrió, donde la ex diputada solicitó que se investigue al ex presidente Néstor Kirchner junto a Julio De Vido y Lázaro Báez. Ya en aquella presentación, Carrió mencionó a las firmas Austral Construcciones, Kank y Costilla SA, y Sucesión Adelmo Biancalani SA. El 23 de diciembre de aquel año se hizo el requerimiento de instrucción, en el cual se afirmó que los ilícitos denunciados relacionados con la obra pública habrían comenzado en 2003, es decir, el mismo año en que el kirchnerismo llegó al poder. El “modus operandi” descripto es conocido: la concurrencia de los mismos grupos empresarios a las licitaciones sin nuevos oferentes, la escasa diferencia en las cotizaciones de las empresas, la alternancia en las adjudicaciones y la existencia de sobreprecios.

En forma categórica, el Juez Julián Ercolini afirma que “para llevar adelante el plan delictivo, dotaron de fondos a Vialidad, convirtiéndose en el organismo descentralizado con mayor presupuesto desde el año 2004, a través del dictado de varios DNU, del empleo de los fondos del fideicomiso conformado por lo recaudado por medio de la tasa sobre la transferencia de gasoil”, a la vez que subraya que también le asignaron fondos mediante “Decisiones Administrativas sobre reasignaciones presupuestarias refrendadas por los sucesivos Jefes de Gabinetes de Ministros”. Uno de ellos fue el actual Presidente Alberto Fernández.

El 9 de agosto de 2016, uno de los integrantes de la Auditoría General de la Nación, el radical Alejandro Nieva, se presentó en forma espontanea ante el Fiscal de instrucción, Ignacio Mahiques, para denunciar, en el marco de la causa, que se habían detectado sobreprecios del 25%, afectados a la obra pública en Santa Cruz, además de otras irregularidades y beneficios. Directamente, apuntó contra Lázaro Báez y Cristina Kirchner. Pero algo extraño sucedió en las últimas horas.

“No recuerdo que se haya hecho una auditoria sobre un distrito particular”,sostuvo Nieva en una de las últimas audiencias del juicio. Pese a lo denunciado por él mismo 5 años atrás, el testigo volvió sobre sus pasos. “No recuerdo”, fue la respuesta a cada pregunta específica. Las sospechas del funcionario judicial bahiense parecen hacerse realidad. Alejandro Nieva se desempeña como Auditor General de la Nación en representación del radicalismo desde el año 2009, habiendo sido reelegido por el Senado en 2017 para ocupar el cargo hasta 2025. Se trata de un hombre muy cercano al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

Alejandro Nieva

Las suspicacias cobran mayor envergadura cuando se logran entrelazar otros expedientes. En otra demostración de la vinculación existente entre la pesquisa de Bahía y la mencionada “Vialidad”, en los primeros días del mes de junio, funcionarios de la DGI de la Dirección Regional Mar del Plata declararon testimonialmente vía zoom en la causa. El motivo de tales declaraciones en sede judicial de los sabuesos marplatenses ha sido su trabajo en las reinspecciones que se originaron durante 2016 en relación a Austral Construcciones S.A. y otras sociedades del grupo, como Badial Construcciones, Valle Mitre, Don Francisco, La estación, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, Austral Agro, entre otras. Como se aprecia, algunos nombres se reiteran.

Valle Mitre fue gerenciadora de hoteles de los Kirchner, entre ellos el Alto Calafate, propiedad de la sociedad Hotesur S.A. Cabe recordar que el 14 de mayo de 2020, la Oficina Anticorrupción, a cargo del integrante de Justicia Legítima Félix Crous, decidió retirarse como querellante de las causas “Los Sauces” y justamente, “Hotesur”, uno de los casos más sensibles contra la actual Vicepresidenta.

En las reinspecciones realizadas desde Mar del Plata, “se destacó que Valle Mitre suscribió junto a Austral Construcciones un “Contrato de Consultoría Integral en materia hotelera y asesoramiento general para el desarrollo y/o apertura de nuevas unidades de negocio”. Las áreas sobre las que la gerenciadora supuestamente debía realizar sus tareas de consultoría eran las siguientes: Recursos Humanos, Tecnología de la Información, Administración y Control, Marketing y Ventas y Operaciones. En virtud de esos asesoramientos, ACSA abonó a Valle Mitre durante 2010 la suma aproximada de $12.256.451,45 en concepto de honorarios, representando el 54,68% del total de su facturación para aquel año.

En otro orden, la AFIP “determinó que no existió vinculación entre los gastos y créditos fiscales computados en la operatoria de Austral Construcciones S.A. y Valle Mitre S.A. y sus ingresos declarados”, resaltando que “la firma no declaró ninguna actividad de asesoría comercial que fuera taxativamente expuesta en el convenio celebrado con ACSA, por lo cual el Fisco infirió que la firma se dedicó exclusivamente a la administración del Hotel Alto Calafate”.

Una alta fuente de la AFIP consultada explicó la maniobra en términos más claros: “Valle Mitre le facturaba “servicios de consultoría”, que no era más que puro aire, a Austral Construcciones, supuestamente para el desarrollo de futuros emprendimientos hoteleros en propiedades inmuebles de Austral”. Y agrega que la nave insignia de Lázaro Báez con aquella jugada podía tanto “extraer dinero de su circuito blanco”, como así también “tener altos ingresos para pagar por la locación del Hotel Alto Calafate importes superiores a los valores normales de mercado”.

La decisión de la Cámara de Bahía Blanca puede terminar resultando mucho más trascendente de lo que aparenta ser.

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@portaluppipablo

 

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