Comisión Provincial por la Memoria: Su relación con la causa por espionaje ilegal y la reforma judicial kirchnerista

Por Pablo Portaluppi

Mediante una resolución que pasó casi desapercibida, la Cámara Federal de Mar del Plata volvió a avalar el pasado 16 de junio un polémico informe que la Comisión Provincial de la Memoria le entregara a fines del año pasado al Juez de Dolores Alejo Ramos Padilla, quien investiga una red de presunto espionaje ilegal que tiene como principales procesados al Fiscal Carlos Stornelli y al periodista Daniel Santoro.

La decisión judicial se enmarca dentro del llamado caso D´Alessio, donde el magistrado le envió al organismo que preside Adolfo Pérez Esquivel a comienzos de 2019 un requerimiento para que examinara parte de la documentación probatoria secuestrada en la causa “a los efectos de establecer si era posible advertir acciones vinculadas al espionaje ilegal”. La CPM le entregó a Ramos Padilla desde dicha fecha 4 informes, de los cuales el último, fechado el 8 de octubre de 2019, resultó severamente cuestionado y dejó al descubierto el gran poder que ostenta la Comisión. En el trabajo de 200 folios, se señala, entre otras cosas, a un grupo de periodistas por participar de una “posible interacción de inteligencia ilegal” para realizar “acción psicológica” sobre la población.

El Tribunal de Apelaciones, que intervino a partir de un planteo de nulidad presentado por la defensa de Santoro, sostuvo en su reciente resolución que aquel pedido “está plenamente justificado y fundamentado sin que se vislumbre vicio alguno que vulnere las garantías constitucionales”, a la vez que los informes presentados “han sido de enorme utilidad a los efectos de sistematizar y describir la prueba”.

La medida no debería sorprender, ya que el 9 de octubre del año pasado, un día después del acto de entrega del informe, los jueces Alejandro Tazza y Eduardo Jimenez, integrantes de la Cámara marplatense, habían avalado el accionar de la CPM, al advertir que “es reconocida su intervención como auxiliar de los órganos jurisdiccionales en las causas seguidas por delitos de lesa humanidad a partir de requerimientos de oficios judiciales”. En el mismo fallo, los camaristas hicieron una pública defensa de Alejo Ramos Padilla: “El Juez ha efectuado un desarrollo pormenorizado de los elementos en los cuales sustentó su decisión y ellos resultan suficientes para elaborar un juicio de probabilidad asertivo acerca de la ocurrencia de los hechos y de la participación en ellos de los encartados”. Vale recordar que dicha resolución fue dictada cuando faltaban pocos días para las elecciones presidenciales que consagraron al actual mandatario Alberto Fernández.

El caso ya es conocido. El falso abogado Marcelo D´Alessio, fue denunciado a fines de enero de 2019 por extorsión por el empresario agropecuario Pedro Etchebest, quien afirmó que aquel lo extorsionó en nombre del Fiscal Federal Carlos Stornelli, que llevaba adelante en ese entonces la investigación de los “cuadernos” de la corrupción durante la era k. La denuncia fue radicada en el Juzgado Federal a cargo de Alejo Ramos Padilla alegando que la reunión dónde se habría llevado a cabo la extorsión ocurrió en la ciudad de Pinamar, cuya jurisdicción depende de Dolores. El magistrado decidió procesar al extorsionador, junto a los ex policías bonaerenses Ricardo Bogoliuk y Anibal Degastaldi, y al ex espía “Rolo” Barreiro, entre otros, por “asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal”. Este tramo de la investigación estaría por ser elevada a juicio oral. Tiempo después, también procesó a Santoro y a Stornelli, entre otros.

Ante los pedidos para que la causa pase a Comodoro Py, alegando que la mayoría de los hechos investigados habían ocurrido en la ciudad de Buenos Aires, el 13 de mayo de 2019, la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata también dispuso que el Juzgado Federal de Dolores “continúe provisoriamente a cargo del conocimiento y la investigación de las actuaciones principales”. En el escrito de 35 páginas, el Tribunal afirmó que no estaba claro aún el lugar de comisión del delito. Y a su vez, le solicitaba al Juez de grado, es decir a Ramos Padilla, que “establezca rápidamente, y con la debida precisión, en qué lugar se habría conformado la organización criminal”, asegurando que “el universo procesal que sustenta esta causa no se encuentra debidamente delimitado todavía”. Cabe decir que el magistrado de Dolores, habiendo transcurrido más de 1 año de lo que le ordenaran sus superiores, aún no definió el fondo de la cuestión.

El 22 de mayo, siempre de 2019, el Fiscal Juan Manuel Pettigiani presentó un recurso ante Casación cuestionando la decisión de la Cámara. Previamente, el 26 de abril había dictaminado que las actuaciones debían trasladarse a Comodoro Py. En su presentación ante el máximo tribunal penal de la Nación, el Fiscal había dicho que “el Juzgado de Dolores resulta incompetente por cuestiones de territorio”, haciendo mención a que “la primera regla para determinar el Juez Natural es aquella que señala el lugar geográfico donde se desplegaran las conductas presuntamente delictivas, y en el caso investigado, surge claramente que las conductas atribuidas y descriptas en los diferentes actos procesales se habrían cometido en Capital Federal, una jurisdicción ajena al Dr. Ramos Padilla”. Por otro lado, descalificó el fallo de la Cámara como acto jurisdiccional válido por omitir el tratamiento de cuestiones esenciales, tales como las hipótesis delictivas investigadas. “Estamos ante una sentencia arbitraria y ante una incorrecta aplicación del derecho”. Finalmente, el 27 de junio Casación rechazó el recurso interpuesto por Pettigiani.

Adolfo Pérez Esquibel

En el reciente fallo, los jueces recordaron que el informe de la Comisión Provincial de la Memoria “no era vinculante y que no significaba una delegación de la investigación”. Sin embargo, la ascendencia de la CPM no se puede subestimar. Creada por resolución legislativa de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires Nº 2117 de 1999, y ratificada por ley provincial 12.483 del 13 de julio de 2000 y su modificatoria, la ley 12.611 del 20 de diciembre de 2000, la Comisión “es un organismo público autónomo y autárquico que promueve e implementa políticas públicas de memoria y derechos humanos”, según se afirma textual en su web.

De acuerdo a una investigación del portal Infobae publicado a fines de 2019, la CPM tiene un presupuesto de $124 millones, del cual el 77% se destina al pago de salarios de las 113 personas que allí trabajan. Está presidida por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel desde 2003, y además la integran Susana Méndez, Roberto Cipriano García, Ernesto Alonso, el sacerdote José “Pepe” Di Paola, María Sonderéguer, Luis Julián Lima, Elisa Carca, Carlos Sánchez Viamonte, Ana Barletta, Dora Barrancos, Yamila Zavala, Nora Cortiñas y el sindicalista Víctor De Gennaro.

El encargado de auditar este presupuesto todos los años es el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. Y, en su última auditoría señalaron, entre otras irregularidades, la creación de una Mesa Ejecutiva no contemplada en el estatuto vigente de la Comisión, deficiencias en el proceso de contratación, y contratación de seguros con compañía no  autorizada conforme el marco regulatorio provincial.

Las conexiones tanto con la causa que instruye Alejo Ramos Padilla como con el propio juez no son casuales. El tesorero es Ernesto Alonso, un viejo conocido del magistrado de Dolores. Alonso fue titular de la Comisión Nacional del Ex combatiente, dependiente del Ministerio del Interior, designado para el cargo por la ex presidenta y actual Vice Cristina Kirchner mediante el decreto 542 del 19 de abril de 2012, y quien continuó en su puesto durante el Gobierno de Mauricio Macri, hasta que el 8 de marzo de 2017, el ex Ministro Rogelio Frigerio designó al frente de la Comisión a Reynaldo Arce.

El tesorero de la CPM es a su vez Presidente del Centro de ex combatientes de las Islas Malvinas (CECIM), con base en la ciudad de La Plata, organismo del cual Ramos Padilla fue representante legal en las presentaciones que hicieran por supuestas torturas durante el conflicto del Atlántico Sur, además de haber asistido a un grupo de familias de la provincia del Chaco en procura de la identificación de 122 soldados sepultados en Malvinas como NN. Es por ello que en un acto realizado por esta agrupación el 2 de abril de 2019, en conmemoración del desembarco argentino en el archipiélago, el magistrado fue ovacionado.

En abril del año 2007, Pablo Vassel, en carácter de subsecretario de DDHH del gobierno de Corrientes a cargo de Arturo Colombi, radicó una denuncia en el Juzgado 1 de la ciudad de Rio Grande, Tierra del Fuego, que contenía el testimonio de 23 ex soldados conscriptos donde se acusaba a oficiales y suboficiales durante la guerra de Malvinas de cometer torturas. En concreto, se solicitaba la investigación por presuntos delitos de reducción a servidumbre y torturas, seguido de lesiones graves y en algunos casos, homicidio. Los denunciantes revelaron haber sido víctimas de “estaqueamientos” y “enterramientos” por parte de sus superiores. El CECIM también le dio un fuerte impulso a las denuncias por torturas en el conflicto bélico acusando a los oficiales de “abuso, traición y cobardía”, según declaraciones del propio Alonso.

De hecho, en abril de 2009, la Comisión Provincial por la Memoria publicó una declaración llamada “En Malvinas también hubo crímenes de lesa humanidad”, donde expresa su “solidario apoyo a los ex combatientes y a las distintas entidades que los agrupan, entre otros el CECIM de La Plata”.

Pero en el año 2010, una investigación periodística reveló que algunos testimonios que se utilizaron para denunciar las supuestas torturas fueron inducidos, cuyos móviles no solo fueron políticos e ideológicos, sino también económicos. Pablo Vassel fue una de las 16 personas que el magistrado de Dolores llevó a trabajar a Bahía Blanca ajenas a la jurisdicción durante su cuestionada subrogancia en aquella ciudad en 2015, donde tiene una causa abierta por “abuso de autoridad”.

Ramos Padilla, antes de ser juez, tuvo una destacada actuación como abogado en causas de derechos humanos. Fue por ello que cuando asumió la titularidad del Juzgado de Dolores en 2011, al acto concurrió una nutrida delegación de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

La intervención de la CPM en la causa de Dolores tal vez se explique por aquellas conexiones. La Comisión justifica su participación alegando que su “expertise en materia de análisis y peritaje de documentos vinculados con acciones de espionaje ilegal se remonta al año 2001, cuando recibió mediante ley provincial 12642 el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, para su guarda, preservación y gestión”, y en el hecho que desde “hace 20 años el organismo ha sido auxiliar de la justicia aportando estos documentos del Archivo a las causas de lesa humanidad, donde fueron pruebas centrales en las condenas de los genocidas, y en los cuales los peritos y especialistas de la CPM han sido convocados en múltiples juicios”. Pero la existencia de una presunta red de espionaje ilegal poco tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad.

Juez Federico Villena

Resulta muy difícil no vincular su intervención en la instrucción de Ramos Padilla con la que lleva adelante su colega de Lomas de Zamora Federico Villena, a partir de las denuncias presentadas por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, por presuntas maniobras de inteligencia y espionaje ilegal durante el Gobierno de Mauricio Macri. Pocos lo recuerdan, pero el Dr. Villena investigaba a Marcelo D´Alessio desde el año 2016 por lavado de dinero. En febrero de 2019, dispuso una veintena de allanamientos en todo el país a su casa, a sociedades y a empresas asociadas al falso abogado, además de inmovilizar sus bienes y todas sus cuentas bancarias. En su vivienda del country Saint Thomas de la localidad de Canning, hubo un segundo allanamiento autorizado por Villena a través de un exhorto, pero dispuesto por Ramos Padilla.

Desde el kirchnerismo se insiste en la idea que la totalidad de las causas abiertas contra la ex presidenta Cristina Kirchner y muchos de sus ex funcionarios se trataron en verdad de una persecución orquestada desde los medios, la Justicia y la administración de Macri. Hacia allí apunta el informe de la Comisión presentado al Juez de Dolores: “Los documentos permiten observar con claridad cómo funcionaba lo que se denomina “el ciclo de inteligencia”, un complejo proceso mediante el cual se recolectaba información, se la procesaba y analizaba para finalmente ponerla en circulación y hacerla pública”.

En otro párrafo, se afirma que “esta red desplegaba una serie de acciones que iban de la extorsión directa mediante el pedido de coimas o sobornos hasta el condicionamiento de testigos para sumar, a través de testimonios bajo la figura del imputado colaborador o arrepentido, información falsa en determinadas causas judiciales”, advirtiendo que “en el esquema operativo se involucraba a actores de la justicia provincial y federal e incluso a periodistas, y tenía entre sus objetivos principales influir en la opinión pública a través de los medios de comunicación”.

En verdad, la estrategia actual kirchnerista ya había sido esbozada por el propio Ramos Padilla en los autos de procesamiento de Marcelo D´Alessio el 25 de febrero de 2019. Allí, el magistrado afirmaba que “la sanción de la Ley del Arrepentido 27304 y la percepción de que cualquier cosa es válida para avanzar en la investigación dentro de un proceso judicial por corrupción y de este modo responder a los reclamos de justicia, han ampliado el campo de acción de los agentes de inteligencia, generando una relación estrecha de mutua colaboración con miembros de los poderes judiciales y ministerios públicos fiscales”, añadiendo que dicha relación “puede generar una afectación muy grave al Estado de Derecho”. Y lucía muy explícito cuando aseveraba: “En este contexto, no importa ya si es verdad o no lo que el testigo o arrepentido diga”.

Cabe recordar que ya el 18 de marzo de 2019, la Comisión emitió una declaración de rotundo apoyo al juez, titulada “La democracia está en peligro”, debido a la denuncia contra Ramos Padilla que había presentado el Gobierno de Macri ante el Consejo de la Magistratura por “violación de secretos” a partir de la visita del magistrado a la Comisión de Libertad de Expresión del Congreso. En los últimos días, aquella presentación fue desestimada. La decisión no debería tomar de sorpresa a nadie ya que en aquel momento, el actual Titular del Cuerpo, Alberto Lugones, quien por aquellos días oficiaba como representante de los jueces, había afirmado que la denuncia “no parece tener mayor entidad”. 

Los propósitos originales de la Comisión se fueron desvirtuando con el paso del tiempo, emitiendo declaraciones sobre temas tan disímiles como un monumento a José Félix Uriburu en Balcarce y las inundaciones en La Plata en abril de 2013. Inclusive, mostró su beneplácito por la decisión de la Comisión de Acuerdos del Senado en junio de 2019 de no tratar el pliego de Federico Hooft, hijo del Juez de Mar del Plata Pedro Hooft, quien fuera acusado falsamente de no tramitar hábeas corpus durante la última dictadura militar. Y si bien en su página se puede encontrar una referencia en mayo de 2011 al asesinato de Cristian Ibazeta en la Unidad 11 de Neuquén, no hay ninguna declaración sobre el crimen del trabajador rural Luis Alberto Espinoza, asesinado por policías de Tucumán y cuyo cuerpo fue hallado el pasado 22 de mayo luego de estar una semana desaparecido.

“Los objetivos y líneas de trabajo (de la Comisión) expresan el compromiso con la memoria del terrorismo de Estado y la promoción y defensa de los derechos humanos en democracia”. A pesar de lo que se afirma en su propia web, en ella no hay ninguna referencia a la alta tasa de homicidios registrados en la provincia de Buenos Aires: solamente en los 24 partidos que componen el conurbano bonaerense, hay un promedio de 1.000 asesinatos por año.

“La Comisión funciona como un órgano judicial ad hoc”, afirma un reconocido abogado marplatense con vasta experiencia en el campo de los juicios de lesa humanidad. “Se arrogan una competencia cada vez más importante. Cumplen con todas las partes del proceso: acusatorio, de defensa, y de juicio. Además de defender a detenidos a quienes visitan periódicamente en las cárceles, cuando se presentan en un juicio explican la prueba documental, o sea que prácticamente están haciendo un alegato y cumpliendo una función acusatoria. Y previamente hacen una reunión de la prueba que van a acompañar, es decir, intervienen en la instrucción del proceso. Y su presencia en un juicio intimida a los jueces”, agrega el letrado consultado. Y concluye con una sentencia temeraria: “Son un escalón anterior a los Tribunales del Pueblo”.  

La CPM había quedado en el centro de todas las miradas cuando el pasado 27 de abril, emitió una declaración llamada “La prioridad es salvar vidas”, donde se manifestaba claramente a favor de que la Justicia promueva excarcelaciones a detenidos que sean eventuales pacientes de riesgo ante el avance del coronavirus. “En los lugares de encierro se vive una situación extrema, donde todos los riesgos son exponenciales debido al hacinamiento que provoca la sobrepoblación crítica, en plazas que no alcanzan ni para la mitad de la población penitenciaria de la provincia de Buenos Aires. No se puede cumplir ni con el distanciamiento social ni con la higiene personal o ambiental básica”, afirmaban.

A fines de abril, se había filtrado un audio de Roberto Cipriano García, secretario del organismo, donde afirmaba que “el objetivo de la Comisión es trabajar por la liberación de la mayor cantidad de personas detenidas posibles”. En rigor de verdad, esta declaración tampoco debería llamar la atención de nadie, ya que el mismo Cipriano García, en un documento firmado por él donde agradecía a UNICEF, aseguraba lo siguiente: “Durante todos estos años, fuimos construyendo una intervención a partir de principios, protocolos de intervención e investigaciones que se fueron desarrollando. El primero de estos principios que rige la intervención es que para nosotros el lugar de encierro es lo que el detenido dice que es. Todas nuestras acciones están construidas desde esta perspectiva”. Clarísimo.

Por detrás de las causas judiciales por presunto espionaje ilegal que instruyen los jueces Ramos Padilla y Federico Villena, asoma un complejo entramado que reconoce un hito fundamental en la recordada propuesta del llamado Manifiesto Argentino hace ya más de un año, el cual se proponía “eliminar al Poder Judicial poniendo en comisión a la judicatura completa, es decir, a todos los jueces y fiscales”. De acuerdo a las propias palabras de su principal mentor, el escritor Mempo Giardinelli, que apoyaba en aquel momento una eventual candidatura presidencial de Cristina Kirchner, fomentaba reformar la Constitución “dotando a la República de un nuevo Sistema de Justicia”, definiendo al actual como “un feudo corporativo, un arma de sometimiento, un sistema arbitrario y barrabravista, lento, caro, patriarcal y racista”. Merece destacarse que Giardinelli supo integrar la CPM.

En este contexto, cabe mencionar la ley que modifica las jubilaciones de privilegio de jueces, fiscales y diplomáticos, aprobada el 12 de marzo cuando el país hablaba de la pandemia de coronavirus, que aumenta del 12% al 18% los aportes de los jueces y establece el 82% móvil sobre un promedio de los sueldos de los últimos diez años. Este proyecto generó una fuerte controversia debido a la amenaza de renuncia de cientos de magistrados y fiscales antes de la promulgación de la ley para acogerse al régimen actual. De ocurrir, se generaría una alta vacancia de puestos que el Gobierno podría designar a discreción. Según la Asociación de Magistrados, sólo en la actualidad hay un 25% de juzgados que se encuentran vacantes.

Tampoco se debe olvidar la reforma judicial promovida por el oficialismo que la cuarentena sólo postergó y los varios proyectos que se proponen incrementar el número de miembros de la Corte. Nada parece casual.

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