Causa Espionaje: La “punta del iceberg” de la Estrategia Kirchnerista

Por Pablo Portaluppi

Desde que comenzó el gobierno de Mauricio Macri, la resistencia kirchnerista estuvo focalizada en importantes ámbitos de la Justicia Federal, a través de una gran cantidad de jueces y fiscales adeptos. A partir de la intensa activación en Comodoro Py de causas judiciales por corrupción contra la ex presidenta Cristina Kirchner y ex funcionarios, que permanecieron “cajoneadas” durante años, el kirchnerismo puso mayor atención en tribunales alejados de la Capital Federal. En esa estrategia, las jurisdicciones de Mar del Plata y Bahía Blanca cumplieron un rol fundamental, el mismo que habían cumplido durante las administraciones k.

Ambas ciudades ocupan el podio de los centros urbanos más poblados de la provincia de Buenos Aires. Y la competencia de sus juzgados y sus cámaras es muy amplia: abarca los partidos de Azul, Necochea, Balcarce, General Alvarado, Mar Chiquita, y Dolores, además de otras pequeñas localidades. De las casi 7 millones de personas que habitan el interior de la provincia de Buenos Aires, es decir más allá del llamado Gran Buenos Aires, sólo entre Mar del Plata, Bahía Blanca y los partidos mencionados se concentra aproximadamente el 30% de la población. Además, la Cámara de Bahía Blanca posee la competencia sobre las ciudades de Santa Rosa y General Pico, de la provincia de La Pampa. Desde la propia Cámara marplatense se han jactado en decir que representan el Tribunal que mayor cantidad de resoluciones y fallos han dictado en los últimos años. Es por ello que su Presidente Alejandro Tazza viene insistiendo ante el Consejo de la Magistratura por la apertura de una segunda sala.

El 9 de agosto del año 2012, el entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, decidió rebajar de categoría a la seccional Bahía Blanca de aquella dependencia, de Dirección a Agencia. El motivo habría sido que algunos inspectores impositivos de aquella ciudad habían detectado la emisión de facturas apócrifas de diversos grupos empresarios bahienses para beneficiar a Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez, presunto testaferro kirchnerista. Por este motivo, el ex mandamás de la AFIP, oriundo de Punta Alta, una localidad muy cercana a Bahía Blanca, fue enviado a juicio oral. El expediente formado en la ciudad del sur bonaerense, que conecta claramente con la causa “Vialidad”, la cual tiene como principal acusada a la ex presidenta Cristina Kirchner, aún no tiene procesados. El imputado más importante es Lázaro Báez.

Las actuaciones que habían llevado a cabo los sabuesos bahienses fueron mudadas en su mayoría a la AFIP Mar del Plata, cuyo Jefe Regional era Sebastián Durruty, un hombre sindicado como muy allegado a Echegaray. Según se sabe, las investigaciones se detuvieron. En 2014, a partir de una revelación periodística, se formó una causa por la emisión de facturas truchas, a cargo del Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca, que subrogó Alejo Ramos Padilla entre junio y diciembre de 2015, designado por el Consejo de la Magistratura por entonces dominado por el kirchnerismo. De acuerdo a un sumario donde declararon ex funcionarios de dicho juzgado, y del que este medio se ocupó en diversos artículos, se acusó al hoy célebre juez de Dolores de coacción ideológica y abuso de autoridad, lo cual originó la formación de una causa penal, la 221/2019. En una reciente resolución abocada a una sanción disciplinaria, la Cámara de Bahía Blanca reconoce implícitamente una “intervención” del Juzgado por parte de Ramos Padilla en 2015, donde se habría cometido una gran cantidad de irregularidades.

El Tribunal de Alzada bahiense lo integran 5 jueces. Uno de ellos es Pablo Larriera, un hombre muy cercano al titular de la agrupación judicial K Justicia Legítima en Mar del Plata, el Fiscal de Cámara Daniel Adler. Larriera, de hecho, ejerció como Fiscal subrogante en la ciudad balnearia y fue parte del armado de la causa contra el Juez Provincial Pedro Hooft, acusado falsamente por delitos de lesa humanidad. Otro de los camaristas es Roberto Amabile, quien supo formar parte de la famosa Lista Celeste, un frustrado intento por parte de Justicia Legítima en 2014 de imponerse en las elecciones de la Asociación de Magistrados de aquel año, saliendo segundo con casi el 24% de los votos. Aquella lista también la integraba el camarista de Mar del Plata, Eduardo Jimenez. Dicho juez había sido designado en la Cámara en marzo de ese año.

Uno de los fiscales federales de Bahía Blanca es Alejandro Cantaro, quien hoy se encuentra con licencia psiquiátrica. Cantaro fue señalado por mantener en abril de 2013 una sospechosa reunión con Ricardo Echegaray, meses después de la rebaja de categoría de la AFIP. En agosto de 2016 fue designado por la ex procuradora Alejandra Gils Carbó para investigar, junto a dos colegas suyos, las amenazas contra el Presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal, cuyo epicentro fue la ciudad de Mar del Plata, en el recordado ataque a pedradas contra ambos mandatarios en el barrio Belisario Roldán. Este hecho originó una grave acusación del Juez Alfredo López contra los Fiscales Daniel Adler, Laura Mazzaferri y Nicolás Czizik por obstruir la investigación. Cantaro actualmente está acusado en Bahía de encubrir una organización narco conocida como La Banda del Éxtasis. Por este motivo, fue citado a indagatoria para el próximo 25 de junio. El otro Fiscal bahiense es Antonio Castaño, muy vinculado a Olimpo, club que contrajo en la época de Echegaray una millonaria deuda con la AFIP. Castaño nunca presentó requerimiento de instrucción por la causa de las facturas truchas, a pesar de la abundante documentación secuestrada durante los meses previos a la llegada de Ramos Padilla.

Uno de los abogados de Ricardo Echegaray, quien fuera aceptado como querellante en la causa de espionaje que sigue el juez de Dolores, es César Sivo. Este letrado fue Representante Legal ante la Asamblea de Derechos Humanos y allegado a la agrupación H.I.J.O.S., y fue acusado de motorizar la mencionada acusación contra Pedro Hooft. Sivo es además abogado de Alejandro Ferrarello, presunto titular del prostíbulo Madaho´s y muy vinculado al ex juez Jorge Ferro. Justamente, debido a los presuntos vínculos comerciales con Ferrarello, y acusado de lavado de dinero y tráfico de influencias, Ferro debió renunciar en marzo de 2018. El ex magistrado era camarista titular en Mar del Plata y subrogante en la Cámara de Bahía Blanca, designado el 8 de octubre de 2015 por el Consejo de la Magistratura, junto a otros cuatro colegas suyos, entre ellos Alberto Lugones, hoy consejero, y señalado como protector de Ramos Padilla en el cuerpo. Según diversas fuentes, Ferro era el nexo entre ambas ciudades. De hecho, fue designado instructor en el sumario abierto por Ramos Padilla contra los funcionarios del Juzgado bahiense que le tocó subrogar, y que habría utilizado como excusa para no investigar a Lázaro Báez.

En una reciente decisión, la Cámara marplatense confirmó el procesamiento de 8 personas dispuesto por el Juez Santiago Inchausti por trata en la causa Madaho´s, donde hay un solo detenido, Mario Sasiaín. A pesar de tener una denuncia penal en su contra, resulta curioso que Ferro no esté ni siquiera mencionado en los últimos tiempos. La resolución de Cámara no la firmaron ninguno de sus jueces titulares, Alejandro Tazza y Eduardo Jimenez. En su lugar, lo hicieron Bernardo Bibel, magistrado de Necochea y quien ya intervino sobre la confirmación de la competencia de Ramos Padilla y la rebeldía de Carlos Stornelli en la causa por espionaje, y Martín Bava, juez Federal de Azul y a quien siempre se lo señaló como protegido de Jorge Ferro. Respecto a la rebeldía del Fiscal de Comodoro Py, el Presidente de la Cámara Alejandro Tazza no la firmó por estar en uso de licencia. En un resonante caso anterior donde también el Tribunal tuvo que resolver sobre una cuestión de rebeldía de un magistrado, el mencionado Juez votó en contra.

Juzgado Federal de Dolores

El 17 de julio de 2015, Alejo Ramos Padilla le solicitó a la por entonces Procuradora Alejandra Gils Carbó que “contemple la posibilidad de que los agentes Victoria Fraga y Leandro Massari pasen a desempeñarse durante el tiempo que dure mi subrogancia en el Juzgado Federal de Bahía Blanca”. Una semana después, mediante la resolución 2187/15, Gils Carbó resuelve la adscripción de ambos. Massari se desempeñaba en aquel momento como Escribiente interino de la Fiscalía Federal 2 de Mar del Plata. Se habría tratado de una designación irregular, ya que la Jefa de los Fiscales no puede disponer nombramiento en un Juzgado. Hoy Massari figura como Prosecretario de Daniel Adler en su Fiscalía. Además, el 18 de junio de 2015 fue nombrado como Prosecretario de la Comisión Directiva de la filial marplatense de Justicia Legitima, el mismo día que también fue premiado con el cargo de Vocal de dicha agrupación Alejo Ramos Padilla. Los brazos de Justicia Legítima también llegan al Tribunal Oral Federal de la ciudad costera, ya que dos de sus integrantes, Roberto Falcone y Mario Portela, también ocupan prominentes cargos en la filial. Estos dos jueces, conocidos en el mundillo judicial local como los “conversos”, supieron posicionarse durante el kirchnerismo como grandes defensores de los derechos humanos cuando en su pasado supieron ser abogados defensores y socios de represores y policías torturadores.

La causa por espionaje que instruye Ramos Padilla en Dolores parece ser sólo la punta del iceberg de la estrategia judicial, mediática y política que prepara el kirchnerismo si regresara al poder. En dicho expediente se esperan resonantes llamados a indagatoria. En el auto de procesamiento a Marcelo D´Alessio, el juez arroja algunas pistas sobre eventuales escenarios futuros: “La sanción de la Ley del Arrepentido 27304 y la percepción de que cualquier cosa es válida para avanzar en la investigación dentro de un proceso judicial por corrupción y de este modo responder a los reclamos de justicia, han ampliado el campo de acción de los agentes de inteligencia, generando una relación estrecha de mutua colaboración con miembros de los poderes judiciales y ministerios públicos fiscales”.

El 6 de junio de 2018, el Gobierno promulgó la nueva Ley de Subrogancias. La norma anterior fue declarada inconstitucional hacia fines de 2015 por la Corte Suprema. La nueva ley dispone que los nuevos magistrados sean elegidos por sorteo con acuerdo del Senado. Durante la administración kirchnerista, la Cámara Alta no podía intervenir, generando por parte del Consejo maniobras discrecionales a la hora de designar jueces subrogantes. El mejor ejemplo de ello fue la designación de Ramos Padilla en Bahía Blanca. Según muchos, este escenario podría retornar.

“La causa que instruye el Juez Ramos Padilla cumple con todos los requisitos de una clara operación de “Acusación en Espejo”, le dijo a este medio un ex funcionario judicial de la ciudad de Bahía Blanca. Y explica en qué consiste esta teoría: “Se trata de endilgarle al otro lo que uno está planificando hacer, inventar un relato para legitimar acciones que se van a ejecutar a posteriori”. “El primer día que Ramos Padilla llegó a Bahía Blanca, me dijo que una semana antes había estado con Lorenzetti”, respondió el funcionario en sede judicial ante la consulta sobre el eventual respaldo político que mostró el magistrado de Dolores durante su subrogancia bahiense. Esta declaración consta en el Sumario 49/15 ya citado por este medio. El hombre prefiere que no se revele su identidad.

La investigación interna que dispuso el hoy juez de Dolores en el Juzgado de Bahía apuntó a una conocida estrategia kirchnerista: la tramitación de causas de lesa humanidad. A tal efecto, Abel Córdoba, reconocido miembro de Justicia Legítima y hombre de extrema confianza de Alejandra Gils Carbó, fue designado sucesor del fallecido Hugo Cañón en causas de derechos humanos en Bahía Blanca. A instancias del Dr. Córdoba fueron nombrados el 12 de marzo de 2013 como fiscales ad hoc para entender en dichos expedientes Miguel Angel Palazzani y José Nebbia. Entre los tres representantes del Ministerio Público hicieron numerosas presentaciones en el Consejo de la Magistratura contra el Juez que instruía la causa por las facturas truchas, Santiago Ulpiano Martínez, luego reemplazado por Ramos Padilla. En la actualidad, Abel Córdoba reviste como Fiscal en Comodoro Py, teniendo bajo su cargo “La ruta del dinero K”, cuyo principal procesado es Lázaro Báez.

Ante la consulta de este medio por esa aparente contradicción, la fuente grafica lo que puede ser otro aspecto de la estrategia de Cristina Fernández de Kirchner: “No te confundas. Contra Lázaro pueden ir, o contra De Vido, o quien sea. Pero nunca contra ella. Deberán pagar otros para que ella quede limpia”.  

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