Causa “Vialidad”: La Estructura organizada en 2003. El Presunto Rol de Alberto Fernández

Por Pablo Portaluppi

Hoy martes 21 de mayo dará comienzo el primer juicio oral contra la ex presidenta y flamante precandidata a la vicepresidencia de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Conocida popularmente como “Causa Vialidad”, es el expediente 5048/2016, cuya instrucción corrió a cargo del Juez Julián Ercolini, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 10 de Comodoro Py. El magistrado procesó a la ex mandataria como jefa de una asociación ilícita el 27 de diciembre del año 2016 a través de un escrito de casi 800 páginas, al igual que dictó los procesamientos del ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de Vialidad Nelson Periotti, el presunto testaferro kirchnerista Lázaro Báez, y Carlos Santiago Kirchner, primo del ex presidente y ex funcionario de Planificación, entre otros 13 imputados.

Las actuaciones se iniciaron el 26 de abril de 2016 a partir de una denuncia hecha ante la Cámara Federal por el entonces Administrador General de Vialidad, Javier Iguacel, contra los funcionarios nacionales y provinciales del gobierno anterior, “por haberse detectado en materia de obra pública vial un plan diseñado en Santa Cruz para el manejo fraudulento de fondos del Estado en favor de las empresas de Lázaro Báez las que resultaran adjudicatarias de casi la totalidad de las obras viales licitadas en dicha provincia entre los años 2003 y 2015”. Sobre un total de 88 obras llevadas a cabo en la provincia de los Kirchner, 52 se contrataron con empresas relacionadas con Báez. De los autos de procesamientos dictados por el Juez Ercolini, se desprende que el presunto plan delictivo comenzó en el gobierno de Néstor Kirchner, cuyo Jefe de Gabinete fue en su totalidad el hoy precandidato presidencial Alberto Fernández.

También la denuncia abarcó a la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP). Se estima que el fraude habría rondado los $46.000 millones. Sólo en la provincia austral, se concentraron obras por más de $21.200 millones. El 8 de marzo de 2018 la causa se elevó a juicio oral. El mismo fue pospuesto en febrero por la sorpresiva muerte del Juez del TOF Jorge Tassara, y estuvo a punto de sufrir una nueva postergación la semana pasada debido a la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitando el expediente al TOF 2, que debe llevar adelante las audiencias, a partir de 8 recursos presentados por las defensas de los acusados. Finalmente el máximo tribunal del país devolvió el expediente y el juicio dará comienzo tal cual estaba previsto.

A partir de un trabajo de auditoría realizado por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) llamado “Gestión Integral de Obras Ejecutadas en Santa Cruz”, el organismo detectó que durante los gobiernos kirchneristas “las obras se habían concentrado en esa provincia , delegando funciones que eran propias de la DNV en la AGVP, concentrando obras en un único grupo de empresas: Austral Construcciones SA, Kank Y Costilla SA, y Sucesión Adelmo Biancalani, y un constante incumplimiento en los plazos de obra”. Kank Y Costilla SA es una empresa constructora fundada en 1957 desempañando sus actividades en la Patagonia, y estuvo envuelta en denuncias de pago de cohechos y vaciamiento. En 2006 pasó a manos de Lázaro Báez. Y “Sucesión Adelmo Biancalani” estuvo involucrada en una presunta maniobra de evasión impositiva y uso de facturas apócrifas por un monto cercano a $50 millones entre los años 2013 y 2015, según una denuncia de la AFIP. De acuerdo al Fiscal de Resistencia, Chaco, Patricio Sabadini, “sus principales clientes fueron Dirección Nacional de Vialidad y sus Direcciones Provinciales de Chaco, Formosa y Corrientes. En 2015 las ventas facturadas a dichos organismos fueron más del doble que en 2014, y es en este período donde Austral Construcciones emite a Sucesión Biancalani comprobantes por alquiler de maquinarias, cuyos datos no se encuentran en la documentación secuestrada”.

Austral Construcciones fue la nave insignia de Lázaro Báez, conformada el 8 de mayo de 2003, es decir, pocos días antes que Néstor Kirchner asumiera la primera magistratura del país. Este presunto fraude con facturas truchas conecta con el caso investigado en Bahía Blanca, del que este medio se ocupó en numerosas ocasiones. El mismo Juez Ercolini en la causa “Vialidad” afirma que “la facturación falsa (N de R: se refiere al expediente bahiense) le permitió a Báez-socio comercial de Cristina Fernández-justificar y respaldar documentalmente costos inexistentes que, a su vez, servían para resguardar o encubrir sobreprecios de obra pública que luego todo ese altísimo circulante se volcaría o destinaría a operaciones de lavada de dinero”. A su vez, las presuntas irregularidades en el norte argentino conectan con las causas 4075/12 y 1785/16.

En verdad, la causa Vialidad comienza con el expediente 15734 formado el 22 de noviembre de 2008, a partir de una denuncia de Elisa Carrió, donde la hoy diputada de Cambiemos solicitó que se investigue al ex presidente Néstor Kirchner junto a Julio De Vido y Lázaro Báez. Ya en aquella presentación, la legisladora mencionó a las firmas Austral Construcciones, Kank y Costilla SA, y Sucesión Adelmo Biancalani SA. El 23 de diciembre de aquel año se hizo el requerimiento de instrucción, en el cual se afirmó que los ilícitos denunciados relacionados con la obra pública habrían comenzado en 2003, es decir, el mismo año en que el kirchnerismo llegó al poder. El “modus operandi” descripto es conocido: la concurrencia de los mismos grupos empresarios a las licitaciones sin nuevos oferentes, la escasa diferencia en las cotizaciones de las empresas, la alternancia en las adjudicaciones y la existencia de sobreprecios.

De allí también surge que “desde el año 2003, diferentes funcionarios públicos y empresarios privados, habrían conformado una asociación ilícita relacionada con la obra pública”. Llama la atención, por un lado, la demora de la Justicia en tramitar dicha denuncia y la conexión actual con la llamada causa de los cuadernos, que instruye el Juez Claudio Bonadío y formada en el año 2018, es decir, 10 años después de la denuncia primigenia de Elisa Carrió. Por ello, el fiscal de la causa “Vialidad”, Diego Luciani, le solicitó al citado magistrado las pruebas de su expediente para incorporarlos al juicio. De acuerdo al Juez Ercolini, “la asociación ilícita habría funcionado entre el 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015, destinada a la apropiación indebida de fondos asignados a la obra pública, principalmente en Santa Cruz”. Respecto a la ex presidenta Cristina Kirchner, le atribuye la responsabilidad de “haber perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado, en función de su calidad de Jefa de Gobierno”. En relación al ex ministro de Planificación Julio De Vido, el magistrado dice algo interesante. Lo responsabiliza de no haber observado “los deberes inherentes a su cargo, en la asistencia al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros”.

Por ello, lo que se subraya en los autos de procesamientos es que todo comenzó durante el gobierno de Néstor Kirchner, y que continuó en el de su esposa: “El ex presidente montó la estructura institucional de su gobierno con personas de su confianza (que lo venían acompañando desde su gestión en Santa Cruz), a las que ubicó en cargos estratégicos. Dicha estructura fue mantenida por Cristina Fernández”. La estructura se fue conformando, además de Julio De Vido y José López, con Carlos Kirchner en la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal designado el 26 de julio de 2005, y con Nelson Periotti como Administrador General de la DVN, quien se había desempeñado al frente del mismo organismo en Santa Cruz.

En forma categórica, el Juez Julián Ercolini afirma que “para llevar adelante el plan delictivo, dotaron de fondos a Vialidad, convirtiéndose en el organismo descentralizado con mayor presupuesto desde el año 2004, a través del dictado de varios DNU, del empleo de los fondos del fideicomiso conformado por lo recaudado por medio de la tasa sobre la transferencia de gasoil”, a la vez que subraya que también le asignaron fondos mediante “Decisiones Administrativas sobre reasignaciones presupuestarias refrendadas por los sucesivos Jefes de Gabinetes de Ministros”. Uno de ellos fue Alberto Fernández.

“Los procesos licitatorios de las obras delimitadas, se habrían caracterizado por la presencia de múltiples irregularidades. Fundamentalmente se destaca que el grupo del empresario Lázaro Báez no habría cumplido con el tiempo pautado en la mayoría de los contratos, que se le concedieron sucesivas prórrogas que aumentaban su valor vigente y que en razón de ello, el Estado nacional debió desembolsar sumas dinerarias por encima de los montos contratados”, afirmó en su escrito Ercolini.

Un claro ejemplo de ello lo brindan las obras en la Ruta Nacional 3: en el tramo correspondiente al km 1867 se detectó un sobreprecio de casi el 70%; entre dicho km y el 1908,6, un 53,14%; y en “Avenida Circunvalación Caleta Olivia” se halló un sobreprecio superior al 100%, de acuerdo a la denuncia de Javier Iguacel. De lo que se concluye que si Vialidad hubiera tenido que financiar las obras, habría tenido que pagar casi un 65% más de lo previsto. Respecto a las obras en la Ruta Provincial 9, que fue adjudicada a Austral Construcciones en 2007, se descubrió que el importe total cobrado fue de más de $90 millones, cuando según el plan de trabajos presentado por la propia Austral, y aprobado por Vialidad de Santa Cruz, debió haber sido de $3.249.600. Así mismo, se consigna que los plazos de obra fueron ampliados hasta llegar a los 105 meses, con vencimiento 12 de julio de 2015.

Por otro lado, entre 2007 y 2015, las firmas de Lázaro Báez habían cobrado más de $2.000 millones, que además de representar el 11,4% de los pagos de Vialidad Nacional, era el único grupo al que el Estado no le debía dinero. Y se registró que a partir del año 2005, Austral Construcciones comenzó a tener una activa participación en la obra pública dispuesta por la DNV, sin verificarse la existencia de antecedentes ni registros significativos en años anteriores.

El ex jefe de Gabinete Alberto Fernández está citado como testigo en el juicio que comienza hoy. El Juez Julián Ercolini es uno de los magistrados de quien el precandidato presidencial dijo que deberá rendir cuentas por sus decisiones de los últimos años.

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