USO DE ARMAS DE FUEGO: LAS VENTANAS ROTAS Y LA TOLERANCIA CERO

Ministro de Seguridad Patricia Bullrich

“Entre fines de los 80 y finales de los 90, la ciudad no abandonó nunca los diez primeros puestos de urbes con mayor número de homicidios del país. La delincuencia alcanzaba cotas insoportables en todos los barrios. La mujer había perdido la cuenta de gente conocida que había muerto asesinada. Al repasar los retratos de sus anuarios escolares, señalaba a los chicos y las chicas que habían terminado muertos, en la cárcel o en la droga. Eran al menos la mitad. “La ciudad era una locura”, ella reflexiona.Este relato, que bien podría aplicarse a cualquier poblado de la Argentina de hoy, en verdad pertenece al periodista norteamericano George Packer, de su libro “El desmoronamiento”. Los hechos narrados refieren a la ciudad de Youngstown, en Ohio, uno de los estados históricamente más industrializados de EEUU. En aquellos años, los diarios más sensacionalistas titulaban frases como “Sorprendente tendencia: los estadounidenses temen salir de su casa”, o “Las ciudades baten records en la tasa de asesinatos. La juventud juega un macabro papel en ello”. Repasar las experiencias ajenas para comprender lo que ocurre fronteras adentro no sólo es muy útil, sino que además podría hallarse en ellas más de un llamativo punto de contacto. 

La reciente Resolución 956/2018 publicada en el Boletín Oficial y emitida por el Ministerio de Seguridad de la Nación al mando de Patricia Bullrich generó encendidas reacciones, a favor y en contra. El nuevo Reglamento rige sólo para las fuerzas federales (Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria) y establece que sus miembros sólo podrán usar las armas en cumplimiento de sus deberes cuando sea estrictamente necesario, ya sea en defensa propia o de terceros, cuando haya peligro inminente, para impedir la comisión de un delito grave, o para impedir una fuga de quien represente un riesgo inminente. Además, determina una larga lista de presunciones generales para justificar el uso del arma de fuego por parte del agente federal. A su vez, invita a otras jurisdicciones a adherir al Reglamento. La provincia de Buenos Aires, por caso, gobernada por María Eugenia Vidal, ya avisó que no se va a adherir. Esta flamante disposición debería ser vista apenas como una pequeña normativa del nuevo Código Penal que el Presidente Mauricio Macri presentaría el 1 de marzo del próximo año en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.  

Si bien la sociedad y la dirigencia argentina poseen una notable propensión a debatir eternamente cuestiones en vez de solucionarlas, en este caso puntual el debate tal vez debiera ser otro, trascendiendo al mero Reglamento de Seguridad en sí mismo. La discusión merece un análisis más profundo. Y tal vez la posible solución esté más cerca de lo que se cree.

El caso EEUU

Promediando los años 80, EEUU sufrió una “epidemia” de crack, una droga dura que inundó las calles de las principales ciudades del país. El costo social del impacto de dicho estupefaciente en la sociedad norteamericana fue la violencia engendrada por el propio negocio. El aumento de los crímenes asociados a la droga se debió al hecho de que su distribución se realizaba en barrios pobres, donde muchos “dealers” accedían a un vertiginoso y envidiable ascenso económico. Una vez que el crack se instalaba como negocio, la misma comunidad que lo cobijaba como insumo comenzaba a desintegrarse socialmente.

El ex Vice Ministro de Desarrollo Social y actual referente del Frente Renovador, Daniel Arroyo, siempre sostuvo que uno de los grandes problemas que tiene la Argentina actual para combatir al narcotráfico es que quien “vende” drogas gana muchísimo más dinero que cualquier vecino suyo con un trabajo estable, y que ello implica un serio riesgo social. Si bien las cifras oficiales son muy dispares sobre el crecimiento del consumo y la venta de drogas en nuestro país, resulta evidente el exponencial incremento que el narcotráfico tuvo en la Nación durante los últimos veinte años. Según un informe oficial, las bandas que trafican principalmente cocaína y marihuana embolsan por año casi U$S1.100 millones. Y el consumo promedio es, para el caso de la cocaína, de más de 13.300 kilos, y de casi 185.000 kilos para la marihuana.  Otro dato: en 2004, la importación de efedrina (precursor para la elaboración de drogas ilegales como la metanfetamina) fue de 3.500 kilos. Tres años después, en 2007, la cifra creció a 20.000 kilos.

El caso de EEUU resulta emblemático en muchos aspectos. Entre fines de los 50 y comienzos de los 60, el país vivió un auge en su tasa de crecimiento. Algunos datos que certifican dicha expansión: los propietarios pasaron del 43,6% de la población en 1946 al 62% en 1960; de casi 40 millones de automóviles que había en 1950, llegó a haber 80 millones diez años después; mientras que en 1955 existían 1.000 centros comerciales, apenas un año después esa cifra llegó a 1600 en todo el país. El PBI prácticamente se multiplicó por dos, al igual que el ingreso de una familia promedio, y la pobreza disminuyó a la mitad, llegando al 11% en 1969. Sin embargo, a esta fuerte expansión la sobrevino un período fuertemente turbulento y violento.

Así lo explica la Doctora en Historia Erika Pani, autora de un libro sobre EEUU: “Este auge desembocó en un período de estancamiento e inflación, de endeudamiento, déficit comercial y crisis energética. Ya en plena bonanza, pero a la sombra de una guerra larga, lejana y desconcertante (N. de la R.: Vietnam), se levantaron miles de voces para exigir que la sociedad estadounidense fuera distinta: más justa, menos materialista y puritana”. Y agrega que a partir de esta situación “el espacio público se convulsionó al convertirse en escenario de una aparatosa guerra cultural”. Prosigue la dra. Pani: “El último tercio del siglo XX se vería marcado por el derrumbe de las certidumbres macroeconómicas. Durante los años setenta pautarían la economía ciclos de recesión y auge más cortos y menos predecibles. El discurso púbico reflejaría las reacciones exageradas y epidérmicas de un electorado animado por grupos organizados”. Y finaliza diciendo que “en los años ochenta, ya con Reagan en el poder, pudo controlarse la inflación pero el desempleo se mantuvo, llegando a un pico de 9,7% en 1982”.

A esta situación había que agregarle la ya mencionada epidemia de crack y una sistémica y expandida corrupción policial, que involucraba a una gran cantidad de agentes de todos los estamentos en el cobro de dinero negro proveniente de la venta de drogas, del juego y de la prostitución. Sólo en  Nueva York se registraban por día más de 400 delitos violentos en aquellos tiempos. Y fue justamente en el Estado más poblado de EEUU donde se aplicó la famosa política llamada de “Tolerancia Cero” instrumentada por el alcalde republicano Rudolph Giuliani a partir de 1994, inspirada en “la teoría de las ventanas rotas”, creada por el criminólogo George Kelling y el politólogo James Wilson  en 1982 que sostiene básicamente que mantener los entornos urbanos en buenas condiciones puede provocar una reducción del vandalismo y de las tasas de criminalidad: “Si hay un edificio con una ventana rota y la misma nunca se repara, los vándalos tenderán a romper todas las demás ventanas que allí hubiera, para luego directamente ocupar el edificio y destruirlo por completo. Arreglar los problemas cuando aún son pequeños”. En esencia, se dejó de lado la situación socioeconómica y se puso énfasis en el ejemplo y la acción directa.

Rudy Giuliani

Los críticos de esta política hacen hincapié en que se avasallaron libertades individuales y existieron actitudes desmedidas por parte de la policía, subrayando que en verdad la disminución de la violencia fue un cambio nacional. Lo cual es cierto si se observan algunos datos: entre 1990 y 2007, el delito bajó un 77% en todo EEUU.  Y mientras que en 1991, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes era de 10,5, en 2015 bajó a 4,9. Básicamente, el cambio consistió en trabajar en la prevención de crímenes, pero en especial en los delitos menores y las contravenciones. La policía debía sancionar todas las infracciones, por más pequeñas que sean. Y en paralelo, comenzó una fuerte depuración a fondo de la propia policía, descentralizando las 76 comisarías que tiene todo el Estado de Nueva York, desde Manhattan hasta Staten Island. Hay una famosa frase de Frank Sérpico, el honesto policía neoyorkino que terminó baleado por sus propios compañeros, dicha a un superior suyo: “Tenemos que comunicarnos más con la sociedad, saber lo que pasa allí afuera. Estamos encerrados en nosotros mismos”

A pesar de la corrupción policial existente, el Estado confió fuertemente en su principal fuerza de seguridad y la dotó de instrumentos, herramientas y recursos para hacerla más eficiente, a la vez que iba depurando sus cuadros y haciendo más exigente el ingreso a sus filas. Hoy, la preparación de un agente raso no dura menos de dos años para que salga a patrullar y no cualquiera puede aspirar a ingresar. De hecho, el Departamento de Policía de Nueva York está considerada por los propios neoyorkinos como la mejor fuerza policial del país.

El caso argentino

En nuestro país, pero en especial en la provincia de Buenos Aires, se ha probado de todo. Desde la mano dura de Aldo Rico bajo la gobernación de Carlos Ruckauf (la célebre frase de meter bala a los ladrones), hasta las constantes reformas y el garantismo de León Arslanian, pasando por la creación de 81 policías locales (de las cuales solo quedan al día de hoy 46), hasta llegar a las distintas purgas que puso en práctica la actual gobernadora María Eugenia Vidal.

Si se toma como punto de referencia la experiencia neoyorkina, es dable remarcar que, además de tratarse de otro país con distinta raigambre cultural, la provincia gobernada por Vidal posee un territorio prácticamente inabarcable. Mientras que Nueva York en la década del 90 (cuando se pusieron en prácticas las políticas mencionadas) tenía 7.300.000 habitantes en sus 784 km2, en Buenos Aires viven en la actualidad casi 17 millones de personas y sus 135 municipios se reparten en 307.000 km2. Y solo 24 distritos, lo que se conoce como el Gran Buenos Aires, tienen 10 millones de habitantes.

Aunque algunos hechos del pasado poco contribuyen a confiar en la policía bonaerense, como la masacre de Ramallo en 1999, el crimen de José Luis Cabezas dos años antes, y varios casos de “gatillo fácil”, tal vez convendría estudiar la experiencia llevada a cabo en EEUU.  En una Argentina siempre propensa a echar mano a malos ejemplos de su historia (a partir de la nueva Resolución de Bullrich algunos llegaron a recordar el plan CONINTES de 1960), el país indudablemente requiere reformas y darse ciertas discusiones, pero más que nada necesita empezar por hacer cumplir la ley, aunque el Estado muchas veces no se erija como ejemplo de nada.

En un mundo plagado de líderes cada vez más estrafalarios, como el vecino brasilero Jair Bolsonaro, el gobierno de Mauricio Macri empieza a entender cuál podría ser el eje del debate que se viene para 2019. Y la figura de Patricia Bullrich emerge con fuerza en este contexto. Muchos comienzan a ver en ella la representación del orden del espacio público que vastos sectores sociales demandan, por encima incluso de la propia economía.

Pablo Portaluppi

pabloportaluppi01@gmail.com

@portaluppipablo

 

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